A través de 40 artículos, divididos en cinco capítulos, a los que hay que sumar disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias, el anteproyecto recalca las novedades expresadas en el borrador, como la elevación de rango del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), a la categoría de Agencia Estatal de la Cinematografía y Artes Audiovisuales, que establecerá las medidas de fomento, favorecerá la producción independiente y facilitará el acceso a créditos.
Además de suscribir convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, o actuar contra la violación de los derechos de propiedad intelectual. En la Agencia estarán representados los distintos sectores audiovisuales, junto a otros ministerios y a las comunidades autónomas. Esta vieja petición de la industria ha sido atendida junto a otra insistente demanda, la definición de la figura de productor independiente –de las cadena de televisión–. Así como la del distribuidor independiente –de una empresa de capital no comunitario–, en referencia a la independencia ante las filiales de las majors americanas–. Y la del exhibidor. Sin embargo, la Federación de Productores (FAPAE), no ha logrado que la ley recoja desgravaciones fiscales capaces de atraer a inversores ajenos al mundo del cine.
En cuanto a la inversión que las televisiones deben hacer en cine, la ley vigente obliga a una inversión del 5 por ciento de sus ingresos brutos anuales en producción de cine europeo. Y ahora aumenta en un punto esta inversión, al obligar a las cadenas privadas a destinar un 1 por ciento más de sus ingresos, a la promoción de las películas. Este punto es el que ha puesto en contra al conjunto de las televisiones privadas, que, reunidas en UTECA, presentaron, hace ya dos años, un recurso ante el Tribunal Supremo por entender que se trata de una norma inconstitucional. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía, pero ha pedido a las partes que, en un plazo de quince días, aporten más pruebas para ver si es pertinente plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Además, la nueva Ley suspende las ayudas a las productoras dependientes de las televisiones. Tanto las que se conceden a proyectos, como las que dependen de la recaudación de taquilla. Sólo podrán acceder a estas subvenciones cuando las televisiones produzcan el filme junto a productoras independientes, y siempre que inviertan hasta un máximo del 60 por ciento del presupuesto de la película. Mientras que ahora ese porcentaje llegaba a un máximo del 50 por ciento.
En el terreno de la exhibición, la ley mantiene la cuota de pantalla -obligación de proyectar un porcentaje de cine europeo en relación al de terceros países, léase Estados Unidos-. Un punto históricamente rechazado por los empresarios de salas de cine, que pedían su derogación. El único cambio introducido en la nueva ley es que en lugar de computar dicha cuota por días -uno de cine europeo por cada tres de terceros países- será por sesiones.
El cambio no ha agradado a la Federación de Empresarios Cinematográficos (FECE), como tampoco el hecho de que la ley no marque los límites suficientes para controlar los abusos del mercado perpetrados por las majors estadounidenses. La FECE denunció en su día que a los exhibidores españoles les obligaban a pagar una media de 54 por ciento de recaudación a las distribuidoras, mientras que, en el resto de la Unión Europea, este porcentaje rondaba el 45 por ciento.
Los exhibidores pedían que la nueva ley fijara los límites de pago, pero esto no ha sucedido, de tal forma que el texto señala que el Ministerio remitirá al Tribunal de Defensa de la Competencia los casos sospechosos de abusos, pero no establecerá porcentajes de pagos.
FUENTE: LibertadDigital
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