El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Cine que se tramitará por el procedimiento de urgencia en las Cortes. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que logra un "importante grado de consenso" tras un proceso de "diálogo difícil, laborioso y fructífero".
María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, adelantó las líneas generales de este texto, que, a su juicio, supone un "buen punto de equilibrio que ahora las Cortes -a las que será remitido en breve- deben confirmar".
El Proyecto de Ley no supone cambios en la inversión de las televisiones en cine -que se mantiene en el 5%-, introduce incentivos fiscales y establece que la "cuota de pantalla" se contabilizará por sesiones, y no por días, entre otras medidas anunciadas por la vicepresidenta, quien adelantó que habrá "cierta flexibilidad a la hora de valorar" esta cuota.
Tras meses de negociaciones, el proyecto de Ley de Cine aprobado ha logrado el consenso con las televisiones, aumenta el Fondo de Ayudas, incluye medidas fiscales que acojan capital ajeno al mundo audiovisual en la figura del coproductor financiero e introduce cierta flexibilidad en la cuota de pantalla.
Un largo proceso de negociaciones
Largo ha sido el debate de una Ley que nació con la idea de lograr el consenso entre los sectores implicados, y que se encalló cuando las cadenas de televisiones privadas se negaron a aceptar la obligación de invertir en cine. Este punto mantuvo en espera el proyecto, cuyo proceso comenzó el 28 de diciembre de 2006, cuando Cultura remitió a los sectores del audiovisual el borrador del texto, que provocó la reacción negativa de algunos implicados, como las televisiones y los exhibidores.
Tras una ronda de consultas; el 19 de febrero, el Ministerio les remitió el articulado del texto legal, para que los sectores presentaran sus alegaciones. Sin embargo, y dado que no ofrecía diferencias esenciales respecto al borrador, las posturas, lejos de acercarse, se distanciaron más.
Ante la falta del acuerdo, De la Vega, declaró, el 23 de febrero, que el Gobierno iba a tomarse su tiempo para "lograr el máximo consenso" y comenzó, junto a Carmen Calvo, una intensiva ronda de negociaciones. Justo un mes más tarde, el Consejo de Ministros decidió retrasar el proceso de tramitación de la Ley.
En el caso de las televisiones, si bien el primer borrador contemplaba el aumento de un 1% más en su obligación de invertir en cine -pasando del 5% actual al 6%-, la negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) hizo que, se volviera, al 5%. Al persistir la resistencia de las cadenas, finalmente se ha llegado a un acuerdo y el proyecto aprobado ha eliminado la Disposición Final Primera, donde se recogía este punto.
Sin embargo, las televisiones seguirán obligadas a invertir el 5% de sus ingresos, puesto que se mantiene vigente el real decreto, que fue elaborado por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura en 2004, y que desarrolla el reglamento de la ley 22/1999 de trasposición de una directiva europea.
Todo esto hasta que dicte sentencia el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, al que el Supremo remitió el recurso que UTECA había antepuesto en 1999, alegando la inconstitucionalidad de este punto y su incompatibilidad con la legislación europea.
Derechos de los productores independientes
El proyecto de ley ha hecho que los productores hayan visto reconocido que se delimite la figura del productor independiente, con sus derechos y obligaciones. Lo mismo que ocurre con los distribuidores independientes.
Además, han logrado que la ley recoja medidas fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual, para que inviertan en producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero, que podrá desgravar hasta un 18% de su inversión, un porcentaje igual al que se aplica a los productores audiovisuales.
Además de un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía, el proyecto de Ley amplía las funciones del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que pasa a convertirse en Agencia Estatal.
Como medida de protección al cine español frente a la invasión de nuestro mercado por el cine de Estados Unidos, el texto mantiene la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, frente a las de terceros países. Algo que nunca han aceptado y siguen sin aceptar los exhibidores, que se consideran marginados en este proyecto de Ley al no derogar dicha cuota.
Además, este sector está en contra de que el texto no recoja otras de sus peticiones: que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas. Y que no fije los precios que deben pagar los exhibidores a las grandes distribuidoras internacionales.
La nueva ley introduce una "cierta flexibilidad" en la cuota de pantalla, ya que la exhibición de películas se contabilizará por sesiones, y no por días, y se tendrá en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.
FUENTE: ElMundo
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