Hay que recordar que casi dos millones de españoles estamparon su firma contra la denominada "compensación por copia privada" que contempla la Ley de Propiedad Intelectual.
Las cifras a recaudar por las entidades gestoras, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Cedro y otras entidades es tan enorme que no tiene parangón alguno en el mercado libre.
Los cálculos hablan de al menos 600 millones de euros –cien mil millones de las antiguas pesetas-, ya que serán gravados una gran parte de los soportes (CD, DVD, aparatos electrónicos, teléfonos móviles, cámaras de fotos digitales, etc.) que irán a parar a manos de unos pocos.
El asunto –por la magnitud de las cifras y por el impacto directo en casi tres millones de españoles- ha adquirido una importancia "política" de gran relevancia.
Hay precedentes. El dato más significativo son las cifras que ya factura la SGAE a Radiotelevisión Española, es decir a la televisón y la radio públicas. Sólo en los diez primeros meses del presente año (2007) –sin que todavía haya entrado en vigor la reciente ley que penaliza los nuevos productos- la SGAE facturó a la empresa pública que preside el riojano Luis Fernández, director general de la Corporación, la cifra de 21,8 millones de euros. A este cifra habrá que sumar los meses de noviembre y diciembre.
Hasta tal punto que el propio Fernández –persona afín al Gobierno socialista que ha impulsado el nuevo canon- ha declarado que la cifra es tan gruesa que va a renegociar un nuevo acuerdo con los directivos de la SGAE.
Lo que realmente llama la atención en el mundo empresarial , especialmente en aquellos lobbys que defienden la iniciativa privada (CEOE, Círculo de Empresarios, asociaciones de empresarios sectoriales) es que SGAE se ha convertido en una de las empresas de mayor facturación del país, sin exponer absolutamente nada.
FUENTE: ElSemanalDigital
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