"Los hechos hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite una querella contra la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por la condonación de la deuda del canon por copia privada a lo fabricantes. La querella sostiene que la SGAE "administró deslealmente" al perdonar el canon antes de 2003 y que desde entonces y hasta la entrada en vigor del nuevo, el próximo 1 de julio, han pactado tarifas insuficientes.
Los querellantes, cuatro socios de la SGAE, argumentan que "los responsables de la entidad son sus empleados y que están en la obligación de explicar a sus asociados qué hacen con un dinero que no es suyo. Si resulta que el autor no puede renunciar a sus derechos, tal y como dice la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ¿con qué potestad lo hacen sus administradores empleados?", se pregunta Lluís Cabrera, fundador del Taller de Músics y presidente de la Fundación de esta escuela de música barcelonesa con 30 años de actividad pedagógica, producción y difusión cultural.
Luis Cobo Manglis, ex guitarrista de Triana, eMe Navarro, de The Homeless Bones, y Antoliano Toldos Extremera le acompañan en el proceso judicial.
Los hechos se remontan a julio de 2003. Seis entidades de gestión pactan con la asociación de fabricantes Asimelec un canon sobre los CD y DVD vírgenes. Los tribunales habían dado la razón a las gestoras de derechos en varios juicios en los que éstas reclamaban a la industria la remuneración por copia privada (o canon) de los soportes digitales. Los jueces aplicaban al nuevo entorno la lógica de una ley pensada para el analógico. El acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2003. Un día antes, el abogado Javier de la Cueva, denunció el pacto ante el Tribunal de Defensa de la Competencia porque gravaba las actas judiciales. También le pedía que dilucidara si violaba la libre competencia.
El pleno del Tribunal resolvió en 2007 que no atentaba contra la competencia, pero consideraba probado que las entidades habían perdonado a la industria la deuda hasta 2003, y que desde esa fecha hacían una rebaja del canon. Paralelamente, el Congreso trasponía la LPI a la directiva europea de derechos de autor y reformaba el canon. La norma fue aprobada en julio de 2006 y daba seis meses a fabricantes y entidades de gestión para que acordaran las nuevas tarifas, ampliadas a otros soportes, como teléfonos móviles o tarjetas de memoria. Al ser incapaces de pactar han sido los ministerios de Cultura e Industria quienes han fijado las tarifas, aunque con un año y medio de retraso.
Al conocer la resolución de Defensa de la Competencia, 33 socios de la SGAE enviaron una carta al presidente de la entidad, José Luis Borau, en diciembre de 2007. "Pedíamos información sobre la deuda condonada, sobre las rebajas aplicadas y sobre las personas que tomaron la decisión en nuestro nombre", explica Cabrera. Borau les informó "de que se pasaba copia de la misiva a la secretaria general con el ruego de que fuéramos atendidos con el máximo interés". Nada más. Ante la callada por respuesta, cuatro de los 33 socios, presentaron la querella admitida ahora a trámite.
"Es la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia", asegura eMe Navarro, de 47 años. Este funcionario, socio de SGAE desde 1999, nunca ha vivido de la música. Ahora que ha descubierto Internet, los nuevos sistemas de distribución electrónicos, como el P2P, y las licencias copyleft empieza a ver la luz. "Ahora nos va de maravilla. Con The Homeless Bones hemos tocado en Estados Unidos, lo haremos probablemente en Reino Unido en otoño y hasta nos escuchan en Corea. Si hubiese seguido con el modelo tradicional jamás habría soñado con esto", indica.
Sin embargo, eMe Navarro, como socio de lo entidad, ha tenido que renunciar a la autoría de sus creaciones en beneficio del grupo. "Cuando firmas el contrato con la SGAE ya no puedes poner a libre disposición tu obra en Internet. Si yo figurara como autor, el repertorio debería gestionarlo la SGAE. Teóricamente ella gestiona mis derechos, pero la realidad es que jamás he visto ni un duro. Del himno de la selección nacional de fútbol australiano que compuse, que se difundió por radios y televisiones, sólo me pagaron 6 euros. Considero que gestionan muy mal mis derechos, pero como no tengo derecho a voto, nunca me informan de nada. Lo único que me mandan es una revisión gratuita anual de la vista. Casi mejor que la revisión fuera para el oído, ¿no?".
FUENTE: ElPais
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