La asociación que representa a los operadores de telefonía (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) y los agentes de la industria de contenidos, comandados por la SGAE en la Coalición, han enviado dos documentos diferentes por separado al Ministerio de Industria con sus recomendaciones sobre cómo legislar este polémico asunto, según han confirmado a este periódico fuentes del Departamento que dirige Miguel Sebastián.
Por mandato del Gobierno, los dos grupos llevaban meses sentados en una mesa de negociación, presidida por el conocido asesor Aldo Olcese, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre las medidas que España debe tomar para salir de las listas negras mundiales sobre 'piratería'.
En esa mesa no han estado presentes las asociaciones de internautas y consumidores, aunque la idea del Ejecutivo era implicarlas a última hora en el acuerdo para evitar que éstas armasen ruido con una legislación muy impopular en la Red.
Futuro incierto
El desacuerdo entre Redtel y la Coalición complica aún más la aprobación de una legislación que elaborarán de manera conjunta el Ministerio de Industria y el de Cultura en los próximos meses y que promete ser más polémica de lo que fue la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que extendió el canon digital.Regular los contenidos que circulan por Internet es una de las prioridades del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado marzo, el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, especialmente sensible a las demandas de la industria discográfica, consiguió arrancar al presidente español un compromiso para regular el P2P (siglas en inglés de peer-to-peer que se refiere al intercambio de archivos en la Red).
Sin embargo, la falta de acuerdo entre industria de contenidos y operadores en España, sumada la soledad parlamentaria del PSOE, va a complicar que Zapatero cumpla con esta promesa a tiempo, es decir, antes de que Biden visite España.
Posición de Bruselas
El pasado 27 de marzo, el pleno de la Eurocámara aprobó un informe sobre el refuerzo de la seguridad y la protección de las libertades fundamentales en la Red en el que rechazó castigar a los consumidores de ADSL con el corte de la conexión.El argumento del Parlamento fue que "el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI y que, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen derecho a la escolarización".
Esta mañana, el Parlamento y la presidencia checa de la UE han alcanzado un acuerdo político sobre los derechos de los internautas, el último punto importante de la nueva legislación del sector de las telecomunicaciones que quedaba por resolver a falta de menos de una semana para que se apruebe este paquete de medidas.
En ese acuerdo se establece que las medidas que se tomen en relación al acceso y el uso que los internautas hagan de las comunicaciones electrónicas deben respetar los derechos y libertades fundamentales. Entre ellos, cita el derecho a la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información.
Además, ese pacto también establece "el derecho a una sentencia de un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley y que actúe con el respeto debido al proceso".
FUENTE: ElMundo
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