Casi por la puerta de atrás, en la disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el Gobierno ha introducido la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.

Para ello, el texto prevé modificaciones en otros dos textos, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI).

Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" entre las causas para restringir la prestación de servicios en el artículo 8 de la LSSI, un artículo que, por otro lado, exige que sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar esta medida "en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información".

Además, se faculta al Ministerio de Cultura para "velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad de la información".

Para ello, está prevista la creación de un órgano dentro del Ministerio a través de una disposición adicional en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Este órgano, llamado Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá funciones "de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

El texto prevé que en cada proceso de mediación de esta comisión tengan derecho a estar presentes dos representantes de las entidades de gestión de derechos de autor y otros dos de las empresas de distribución por cable. El procedimiento de arbitraje, al que las partes podrán someterse voluntariamente, podrá dar solución a conflictos entre las entidades de gestión y asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión, y fijará una cantidad sustitutoria de compensación en su caso.