La Dirección General de la Competencia ha comunicado al Ejecutivo español que no puede utilizar los fondos que se recauden por los nuevos impuestos con los que se gravará a las empresas de telecomunicaciones (el 0,9% de los ingresos) y las televisiones privadas en abierto (el 3%) y de pago (el 1,5%) para financiar el funcionamiento del organismo público.
Según una notificación publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión notifica a España que “no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (la Ley de Financiación de RTVE) hasta que se haya adoptado una decisión final” por parte del Ejecutivo comunitario. Además, sostiene que “la Comisión tiene dudas sobre si los nuevos impuestos (…) son compatibles con el Tratado”.
Desencuentro
1. El Gobierno español decidió, en 2009, retirar la publicidad de TVE y compensar la pérdida de ingresos que provocaría la medida con un sistema mixto que incluía, como el modelo francés, nuevos impuestos a las operadoras de telefonía y a las cadenas de televisión.
2. Los nuevos impuestos, del 0,9% de los ingresos de las operadoras, y del 3% de las TV, recaudarían alrededor de 400 millones de euros. Las empresas de telefonía españolas, al igual que las francesas, recurrieron a Bruselas, que en diciembre pasado abrió un expediente.
3. Ahora, Bruselas exige al Gobierno que no asigne a RTVE ninguna financiación que proceda de los nuevos impuestos, hasta que la CE no haya tomado una decisión sobre la legalidad de la medida, lo que paraliza la aplicación del sistema de financiación de la TV pública.
FUENTE: Expansión
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