En el lado de la acusación está Nintendo, que busca una condena ejemplar que ayude a frenar lo que el sector del ocio digital considera su peor sangría, y más en época de crisis: las copias no autorizadas de videojuegos.
La pena que solicita la compañía nipona para Alejandro -23 años de prisión- es la resultante de una serie de delitos, casi todos ellos continuados: defraudación de la propiedad industrial (artículos 273.3, 274.1 y 276 del Código Penal, ocho años de prisión en total), defraudación de la propiedad intelectual (artículos 270.1, 270.2, 270.3, y 271, 12 años de prisión en total) y revelación de secreto (197.3 y 271, tres años de prisión con la aplicación del atículo 53).
El fiscal, por su parte, pide tres años y tres meses; un año y nueve meses por un delito contra la propiedad industrial y la misma pena por un delito contra la propiedad intelectual, así como las costas.
Según Alejandro, este caso se remonta a hace unos tres años, cuando recibió "las primeras cartas amenazantes" debido a su actividad importadora desde China. "Te invitan a pagar, destruyen la mercancia, y sigues trabajando. Como puedes imaginar, esto es un negocio redondo para ellos. En un momento dado, me cansé de ceder al chantaje, y entonces comenzaron las demandas".
Alejandro asegura que las multinacionales instrumentalizan las aduanas. "Si una multinacional lo solicita -incluso sin revisar la mercancía presencialmente, ni saber para qué sirve-, el material se retiene, se procede a la demanda, y pese a que hasta el día de hoy no han obtenido ni una sentencia favorable, te quedas con la cara de tonto, sin el material, y sin derecho a réplica".
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Argumentos de Nintendo
Los argumentos de Nintendo son rotundos. Los dispostivos 'pirata', con nombres como M3 DS Real, TTDS, DS One SUPERCARD, R4 Revolution for DS, NDS o DS Revolution, (y que el acusado importaba) sólo valen para ser insertados en una consola Nintendo DS, es decir, no son productos genéricos como los DVD o las tarjetas de memoria, sostiene la compañía. Por tanto, la compañía asegura que con su comercialización se daña su propiedad industrial e intelectual ya que "copia de forma no autorizada" su diseño, su código de arranque y su marca.
Además, suprime de forma no autorizada las medidas de seguridad destinadas a proteger el 'software' original de Nintendo. Estos dispositivos, alega la compañía nipona, han sido diseñados para copiar con detalle la forma, tamaño, grosor, conexiones, enchufes y clavijas de las tarjetas originales de juego, lo que permite hacer funcionar copias ilícitas de juegos para la portátil de Nintendo.
En cuanto a la revelación de secretos, Nintendo asegura que estos dispositivos no sólo violan el 'software' de seguridad anticopia, sino que al venderse esos dispositivos "se está revelando al público los códigos de autenticación, un valioso secreto para la compañía, de forma que la consola queda desprotegida y apta para la ejecución de juegos pirata".
Nintendo considera además que el establecimiento de Avilés Alechip Soluciones Informáticas ha vendido 1.400 dispositivos M3 DS REAL, y la propia compañía calcula que por cada tarjeta Nintendo deja de vender juegos por valor de 600 euros, por lo que alega un daño de 840.000 euros.
La compañía ha preferido no realizar de momento ninguna declaración sobre este asunto.
Otros procesos
Hasta la fecha, son varios los procesos judiciales relacionado con la modificación de consolas de videojuegos que han sido sobreseidos, tales son los casos sobre 'chips' de la PlayStation celebrados en 2008 y este año.
El argumento común es que no podía demostrarse que dichos 'chips' se usaban "específicamente" para ejecutar videojuegos 'pirateados'. Similar argumento siguió el fiscal en un caso similar al que afecta ahora a Alejandro el pasado año en Salamanca. Algunas tiendas han terminado pactando y entonces "automaticamente se pubilicita en la tele y la radio como una victoria judicial", se lamenta Alejandro. En esta ocasión, es la primera vez que se celebrará un juicio sobre dispositivos que modifican consolas.
"A veces me siento como el protagonista de 'El Proceso', de Kafka", comenta Alejandro, tras conocer las peticiones de la acusación en este caso. Su tienda ha pasado de tener 12 empleados a seis ("sigue abierta por cabezonería", dice), y lleva gastado en abogados y materiales intervenidos al menos 40.000 euros.
Pero está dispuesto a dar batalla. "Yo personalmente me mantengo firme y animado, siempre fui muy cabezota y no voy a rendirme, pero tengo una familia a la que le cuesta asumir que me enfrente a una petición de 23 años de cárcel", comenta.
Y añade: "En ocasiones es inevitable sentirse cabeza de turco ante una situacion así, pero yo prefiero pensar que la justicia prevalecerá, y cuando todo esto acabe, seré cabeza de lanza".
Los argumentos de Nintendo son rotundos. Los dispostivos 'pirata', con nombres como M3 DS Real, TTDS, DS One SUPERCARD, R4 Revolution for DS, NDS o DS Revolution, (y que el acusado importaba) sólo valen para ser insertados en una consola Nintendo DS, es decir, no son productos genéricos como los DVD o las tarjetas de memoria, sostiene la compañía. Por tanto, la compañía asegura que con su comercialización se daña su propiedad industrial e intelectual ya que "copia de forma no autorizada" su diseño, su código de arranque y su marca.
Además, suprime de forma no autorizada las medidas de seguridad destinadas a proteger el 'software' original de Nintendo. Estos dispositivos, alega la compañía nipona, han sido diseñados para copiar con detalle la forma, tamaño, grosor, conexiones, enchufes y clavijas de las tarjetas originales de juego, lo que permite hacer funcionar copias ilícitas de juegos para la portátil de Nintendo.
En cuanto a la revelación de secretos, Nintendo asegura que estos dispositivos no sólo violan el 'software' de seguridad anticopia, sino que al venderse esos dispositivos "se está revelando al público los códigos de autenticación, un valioso secreto para la compañía, de forma que la consola queda desprotegida y apta para la ejecución de juegos pirata".
Nintendo considera además que el establecimiento de Avilés Alechip Soluciones Informáticas ha vendido 1.400 dispositivos M3 DS REAL, y la propia compañía calcula que por cada tarjeta Nintendo deja de vender juegos por valor de 600 euros, por lo que alega un daño de 840.000 euros.
La compañía ha preferido no realizar de momento ninguna declaración sobre este asunto.
Otros procesos
Hasta la fecha, son varios los procesos judiciales relacionado con la modificación de consolas de videojuegos que han sido sobreseidos, tales son los casos sobre 'chips' de la PlayStation celebrados en 2008 y este año.
El argumento común es que no podía demostrarse que dichos 'chips' se usaban "específicamente" para ejecutar videojuegos 'pirateados'. Similar argumento siguió el fiscal en un caso similar al que afecta ahora a Alejandro el pasado año en Salamanca. Algunas tiendas han terminado pactando y entonces "automaticamente se pubilicita en la tele y la radio como una victoria judicial", se lamenta Alejandro. En esta ocasión, es la primera vez que se celebrará un juicio sobre dispositivos que modifican consolas.
"A veces me siento como el protagonista de 'El Proceso', de Kafka", comenta Alejandro, tras conocer las peticiones de la acusación en este caso. Su tienda ha pasado de tener 12 empleados a seis ("sigue abierta por cabezonería", dice), y lleva gastado en abogados y materiales intervenidos al menos 40.000 euros.
Pero está dispuesto a dar batalla. "Yo personalmente me mantengo firme y animado, siempre fui muy cabezota y no voy a rendirme, pero tengo una familia a la que le cuesta asumir que me enfrente a una petición de 23 años de cárcel", comenta.
Y añade: "En ocasiones es inevitable sentirse cabeza de turco ante una situacion así, pero yo prefiero pensar que la justicia prevalecerá, y cuando todo esto acabe, seré cabeza de lanza".
FUENTE: ElMundo
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